Muchos viajeros se autodefinen como “ciudadanos del mundo”, una etiqueta que nace de experiencias que trascienden lo nacional. En mi caso, esa idea me queda grande: no conozco el extranjero, pero me nombro con orgullo viajera de México.
Después de recorrer, una y otra vez, buena parte del centro y sur del país, he aprendido algo simple pero revelador: cada vez que me alejo de mi ranchito, valoro más un buen taco y una salsa tapatía. Sin embargo, también he llegado a una conclusión que incomoda: Jalisco no es México. A los jaliscienses nos falta mucho por aprender de otros estados, en costumbres, realidades y formas de entender el mundo.
Pero en esos trayectos por carretera, entre paisajes y descubrimientos, mi esposo y yo hemos notado la presencia constante de un invitado no deseado que poco a poco se roba la escena: la gentrificación.
El turismo, sin duda, es un motor económico fundamental. El problema surge cuando comienza a priorizar al visitante extranjero por encima del habitante local. La gentrificación deja entonces de ser un concepto académico y se vuelve una experiencia tangible: una barrera invisible que eleva los precios, transforma los espacios y termina desplazando a quienes siempre han pertenecido a ellos.
Este fenómeno, entendido como la transformación de un entorno a partir del encarecimiento de la vida para atraer a sectores con mayor poder adquisitivo, tiene efectos profundos. Resulta frustrante ver cómo artesanos —incluso en comunidades indígenas— optan por vender productos importados haciéndolos pasar por locales, porque el mercado turístico impone precios con los que la artesanía auténtica no puede competir. De igual forma, muchos restaurantes han pasado a manos de inversionistas que pueden pagar rentas desorbitadas, elevando los costos hasta volverlos inaccesibles para la población local.
Esta realidad se hizo especialmente evidente durante unas vacaciones en Veracruz. Buscaba la esencia de un estado históricamente rico en madera, textiles y productos del mar. En su lugar, encontré una oferta saturada de mercancía industrial, muchas veces vendida por los propios artesanos. Ahí es donde la gentrificación muestra su rostro más crudo: cuando el costo de sobrevivir obliga al creador a dejar de crear para convertirse en revendedor.
No se trata de juzgar a quienes necesitan sostener a sus familias. El problema es el modelo que los empuja a transformar su oficio en una vitrina de plástico para satisfacer a un turismo masivo que privilegia lo barato y lo inmediato. Sin saberlo, el visitante que compra estos productos contribuye a la desaparición del arte auténtico.
Cuando lo industrial se disfraza de tradición, no sólo se engaña al consumidor: se erosiona la identidad cultural. En el caso de Veracruz, su condición de puerto ha facilitado históricamente el intercambio comercial, pero esa apertura no debería justificar la sustitución de lo propio por mercancía sin raíz. Si permitimos que el mercado dicte que lo “tradicional” llega en contenedores, terminaremos desdibujando lo que somos, todo por sostener un costo de vida que ya no nos pertenece.
La gentrificación no sólo encarece viviendas o servicios: también limita el derecho del mexicano a conocer su propio país. Cuando los destinos se diseñan exclusivamente para quienes pagan en dólares o euros, el connacional se convierte en extranjero en su propia tierra. Viajar por México deja de ser un acto accesible y se transforma en un lujo, en una experiencia que exige un esfuerzo económico desproporcionado para visitar lugares que, paradójicamente, son nuestros.
Esta exclusión fractura el sentido de pertenencia. ¿Cómo defender lo que no podemos habitar? ¿Cómo amar plenamente un país que nos cierra las puertas de sus barrios, sus mesas y sus tradiciones?
El impacto social es profundo. Se configura una especie de servidumbre moderna donde el local queda relegado al servicio, mientras su entorno se convierte en una escenografía pensada para otros. Los centros históricos se llenan de fachadas impecables pero vacías de vida comunitaria, donde incluso el idioma cotidiano comienza a desplazarse.
Al perder acceso a estos espacios, perdemos también la posibilidad de dialogar con nuestra historia y con la diversidad del país. Si un mexicano no puede recorrer Oaxaca o sentarse en los portales de Veracruz sin sentir que su presupuesto lo excluye, entonces estamos permitiendo que nuestra identidad se subaste al mejor postor.
Por ello, es urgente cuestionar un modelo de desarrollo que mide el éxito únicamente en términos de derrama económica extranjera, ignorando el costo cultural que implica. Se necesitan políticas que protejan el comercio auténtico y que reconozcan al turismo nacional como una prioridad, no como un efecto secundario.
Fomentar que el mexicano conozca México no es sólo una cuestión turística: es una estrategia para fortalecer el tejido social y la soberanía cultural. De lo contrario, nuestras tradiciones seguirán reduciéndose a mercancías de anaquel, listas para exportarse pero vacías de significado.
Viajar por carretera, como lo hemos hecho mi esposo y yo, debería seguir siendo un ejercicio de reconocimiento entre mexicanos, un espacio de aprendizaje mutuo (aunque el factor de la seguridad —que es tema aparte y se cocina con otros ingredientes— también atraviesa estas experiencias). Ese valor no puede ni debe estar condicionado por la especulación inmobiliaria ni por la invasión de productos sin identidad.
Reconocer que México es nuestra casa implica también defenderla. Defenderla de quienes buscan convertirla en un escaparate sin alma, en un hotel de paso donde lo auténtico se reemplaza por lo rentable.
Cada vez que elegimos lo local sobre lo genérico, cada vez que exigimos espacios accesibles y dignos para el connacional, estamos resistiendo. Porque conocer este país no debería ser un privilegio para quien viene de fuera, sino un derecho para quienes aquí nacimos. Defender nuestros destinos es, en última instancia, defender la posibilidad de seguir llamándonos mexicanos con arraigo, orgullo pero, sobre todo, conocimiento de nuestro país.
